Definiciones legales
En Bután, múltiples leyes definen el término menor como «una persona menor de 18 años». A pesar de que los términos «explotación sexual infantil», «conducta sexualmente explícita» y «abuso sexual infantil» no se definen explícitamente, el derecho define términos relacionados, incluidos «abuso infantil», «tráfico de menores», «exposición indecente», «bestialidad», «sexo antinatural», «conducta obscena y lasciva», «abuso sexual infantil» y distintos tipos de violación. La ley define la «pornografía infantil» pero no aborda explícitamente el CSAM generado por ordenador. El texto existente, que hace referencia a la «representación» de un menor o las partes sexuales de un menor, puede entenderse como que incluye el CSAM generado por ordenador.
El Código Penal de Bután incluye el delito de «pedofilia» que prohíbe la procuración sexual de un menor que se entiende como común una conductas de «instigación» o «grooming». La edad legal de consentimiento para actividades sexuales no se define explícitamente, pero distintas leyes –la ley de Matrimonio y la Sección 13 del Código Penal, por ejemplo– implican que la edad correspondiente es 18 años. No se define explícitamente la «sextorsión», pero la prohibición de «chantaje» y «extorsión» del Código Penal aborda la conducta relacionada con la sextorsión.
Requisitos/recomendaciones reglamentarias
Las plataformas en línea no están obligadas explícitamente a revisar, filtrar, moderar ni eliminar el contenido para identificar el CSAM. Sin embargo, se prohíbe a las plataformas en línea (y otras entidades) publicar o transmitir comunicaciones obscenas, que incluyen tanto el CSAM como toda forma de pornografía. Una plataforma en línea también puede se pasible de sanción por no denunciar el contenido prohibido que descubran los organismos de aplicación, pero la aplicabilidad de estas cláusulas a entidades extranjeras es incierta.
Las plataformas en línea están obligadas a tomar medidas razonables para prevenir la «comunicación ofensiva» hacia los menores, aunque el término no está definido. La ley de Protección de los Consumidores es aplicable a las plataformas en línea y autoriza a la Junta de Consumidores a crear normas de seguridad, pero dichas normas aún no se han desarrollado.
Las plataformas en línea, como cualquier otra persona, están obligadas a denunciar la explotación sexual infantil en línea a las autoridades correspondientes y pueden ser pasibles de sanciones por no denunciar un delito. Cuando se conoce la existencia de contenido prohibido en línea, las plataformas deben eliminarlo o ser acusadas del delito de complicidad.
Requisitos/recomendaciones de verificación de edad
Las plataformas en línea no tienen obligación de implementar ningún método para verificar la edad de los usuarios.
Requisitos/recomendaciones de consentimiento parental
Las plataformas en línea no tienen obligación de obtener el consentimiento parental antes de que un menor use sus servicios.
Recursos legales de las víctimas infantiles
A pesar de que específicamente no es un derecho otorgado a una víctima, las plataformas en línea están obligadas, bajo pena de responsabilidad penal, a eliminar y no permitir la publicación continua de contenido prohibido que saben que existe en sus servicios. Los tribunales pueden emitir órdenes de restricción u otras para obligar a las plataformas en línea o a los delincuentes individuales a eliminar o dejar de publicar determinado contenido o tomar otras medidas para proteger a los menores.
Las víctimas tienen derecho a solicitar daños financieros de un delincuente tanto en procesos civiles como penales y el derecho a solicitar otras formas de compensación/recuperación/servicios incluidos en la ley y/o de una fuente financiada por el gobierno. Una víctima infantil también tiene derecho a ser notificada cuando se arresta a un delincuente por distribuir CSAM en el cual se representa al menor.
Requisitos de «Seguridad desde el diseño»
Las plataformas en línea no tienen la obligación de incorporar «Seguridad desde el diseño» en sus sistemas.