Definiciones legales
Malta define niño/a o menor como una persona de menos de 18 años. La edad legal de consentimiento para actividades sexuales es 16; la actividad sexual con una persona menor de 16 años está penalizada independientemente del consentimiento.
«Explotación sexual infantil» no se define expresamente pero se aborda en cláusulas del Código Penal que sancionan la explotación de menores en prostitución y pornografía, incluido el reclutamiento, coacción, inducción u obtener ganancias de dicha conducta. De manera similar, «conducta sexualmente explícita» no se define expresamente pero se sanciona mediante delitos que involucran la producción, distribución, posesión o difusión de material pornográfico que represente menores participando en actos sexuales reales o simulados.
El abuso sexual infantil se aborda en múltiples cláusulas del Código Penal que prohíben los actos sexuales con menores, la explotación sexual, coacción, exposición de menores a contenido sexual y el abuso facilitado mediante las tecnologías de información y comunicación. La pornografía infantil y el material de abuso sexual infantil (CSAM) se penaliza como cualquier representación visual de una persona menor de 18 años que participa en conducta sexual explícita, incluidas fotografías, vídeos y contenido digital, ya sea real o simulado.
Los términos «instigación», «grooming» y «sextorsión» no se definen expresamente, pero la conducta se penaliza en los delitos que prohíben organizar o reunirse con un menor de 16 años con fines sexuales, coaccionar o manipular a menores para proveer favores sexuales o material explícito y amenazar con la difusión de dicho material por ganancia sexual o financiera.
Requisitos/recomendaciones reglamentarias
Como estado miembro de la UE, Malta está sujeta al marco establecido en la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA). Según dicha ley, las plataformas en línea no están sujetas a la obligación general de monitorizar proactivamente el contenido de todos los usuarios, pero están obligadas a implementar mecanismos de notificación y acción, eliminar contenido ilegal como CSAM cuando lo conocen y tomar medidas proporcionadas para mitigar los riesgos sistémicos, incluidos los riesgos para los menores. Malta no cuenta con legislación nacional autónoma que reglamente las obligaciones de las plataformas para detectar o moderar el contenido de explotación sexual infantil.
Requisitos/recomendaciones de verificación de edad
Las plataformas en línea no están sujetas a la obligación general de implementar medidas de verificación de edad antes de otorgar acceso, pero pueden estar obligadas a adoptar verificación de edad proporcional o medidas de control parental para determinados servicios o contenido donde se deba proteger a los menores según la DSA de la UE.
Requisitos/recomendaciones de consentimiento parental
Las plataformas en línea no tienen obligación de obtener el consentimiento parental antes de que un menor acceda a sus servicios.
Recursos legales de las víctimas infantiles
Como estado miembro de la UE, Malta protege a las víctimas infantiles de la explotación sexual infantil mediante una combinación de leyes de derechos de las víctimas, directivas de derecho penal de la UE, recursos de protección de los datos y obligaciones de las plataformas de garantizar el acceso a asistencia, participación en los procesos, eliminación de contenido ilegal y recursos de resarcimiento. Además, Malta proporciona protección legal nacional para las víctimas infantiles mediante la Ley de Protección de Menores (CAP 602), el Código Penal (CAP 9) y el Código Civil, que habilita órdenes de protección y cuidado, eliminación de contenido perjudicial mediante órdenes judiciales, órdenes restrictivas y acceso a compensación y servicios de asistencia.
Requisitos de «Seguridad desde el diseño»
En Malta, no existe legislación nacional autónoma que obligue a las plataformas en línea a implementar medidas de «Seguridad desde el diseño». Como estado miembro de la UE, Malta aplica la DSA, que obliga a las plataformas a integrar medidas proporcionales de diseño o gobernanza basadas en riesgos para proteger a los menores y mitigar la difusión de CSAM, sujeto a la supervisión y aplicación reglamentaria.